Conversación en la Catedral es considerada una de las mejores novelas del siglo XX. En particular, la comunidad literaria elogia la manera en que comienza esa obra de Mario Vargas Llosa. “¿En qué momento se jodió el Perú?”, se pregunta uno de los protagonistas de la novela. El inquietante interrogante podría extenderse a la Argentina. Los datos empíricos revelan que el punto de quiebre fue la última dictadura militar. El plan económico de Martínez de Hoz constituyó el puntapié inicial del retroceso productivo-social. Ese diagnóstico no es compartido por el Presidente Mauricio Macri.
“Tenemos que ponernos a trabajar juntos, hombro con hombro, para que el país pueda salir de una vez por todas de esa historia de crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años”, reclamó el pasado 9 de julio.
La referencia temporal no es arbitraria, ni inocente. El macrismo “puro” entiende que la decadencia argentina comenzó con el peronismo. El sociólogo Daniel Schteingart explica en Las economías de Argentina, Brasil y Estados Unidos en el largo plazo que “entre 1945-1975 la tendencia de crecimiento es prácticamente la misma que la de 1891-1929 (poco más del 2 por ciento anual). El peronismo claramente no fue el inicio de nuestra “decadencia”. De haber crecido entre 1945–2015 como lo hicimos entre 1945–1975 hoy tendríamos el PIB per cápita de países como Italia/España”.
Por otro lado, la etapa de mayor crecimiento del modelo agroexportador (1880–1889) fue consecuencia de un fenómeno transitorio: la incorporación de nuevas tierras a la explotación productiva. El crecimiento se ralentizó a medida que se frenaba la expansión de la frontera productiva. Además, el modelo era excluyente en diversos planos (social, político, económico) y las condiciones de vida eran pésimas para las mayorías populares. Esa realidad fue reconocida por un célebre informe oficial redactado por Juan Bialet Massé.
En su Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas en el interior de la República Argentina, el médico catalán denunció el pago de salarios con vales que debían canjearse por mercaderías en almacenes de los propios empleadores, formas laborales semiesclavistas, interminables jornadas de trabajo que no respetaban tiempos de descanso, trabajo infantil, contratos leoninos en perjuicio de los colonos, persecuciones políticas y judiciales a los obreros “rebeldes”.
“Son rarísimos los patrones que se dan cuenta de que el rendimiento del trabajo es directamente proporcional a la inteligencia, al bienestar y a la alegría, sobre todo del obrero que lo ejecuta, y no al tiempo que dura la jornada, cuando ésta pasa de su límite racional; y muchos menos los que alcanzan a comprender que manteniendo a sus obreros en la miseria, lo mantienen en la tendencia al vicio y al delito, que ellos pagan en último término…en Córdoba no ha entrado la civilización de la letrina, y las fábricas de calzado cobran por el uso de sus pozos inmundos.¡Qué extravagancias tiene la codicia!”, se indignaba Bialet Massé.
La difusión del Informe no alteró la vida cotidiana de los trabajadores. El régimen conservador desechó la idea, impulsada por el ministro del Interior Joaquín V. González, de dictar un Código del Trabajo. La Unión Industrial Argentina se opuso al módico proyecto porque implicaba una “extrema” intromisión estatal.
El Centenario de la Patria se “festejó” con Estado de Sitio, encarcelamiento de sindicalistas y deportación de alrededor de 600 trabajadores. La “cuestión social” no mejoró en los años siguientes. La represión se cobró la vida de cientos de obreros. Los casos más emblemáticos figuran los asesinatos cometidos en los conflictos desatados en la compañía inglesa La Forestal, los talleres metalúrgicos Vasena y los terratenientes de la Patagonia. La clase obrera no estaba invitada a la fiesta del “granero del mundo”.
@diegorubinzal
