Trabajadores de la Secretaría de Niñez y Familia de la provincia de Salta, denuncian que hace tres años están sin contrato y bajo la categoría de monotributistas. Además, aseguran que el número de técnicos no alcanza a cubrir la demanda de casos que recibe mensualmente el organismo. Como parte de sus reclamos tienen previsto movilizarse mañana desde su lugar de trabajo, General Güemes 562, hasta el Ministerio de Primera Infancia, ubicado en Pueyrredón al 900.

Los trabajadores sociales y psicólogos autoconvocados del Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente de la Secretaria de Niñez y Familia, aducen vivir situaciones de precarización laboral. “Existe inconformidad en la situación en que estamos contratados. No tenemos contratos (formales), ni seguro de trabajo, ni vacaciones”, contó trabajadora social Sofia Medina.

Dentro del Programa están en la categoría de monotributista 15 personas de una planta total de 28. De los 13 restantes, tres están con designación temporaria y diez con planta permanente.

Los contratados como monotributistas cobran $20000. Sin embargo, de ese monto tienen que abonar gastos de monotributo, Rentas y la cobertura de salud de forma particular. El sueldo mensual neto que les queda es cercano a los $17000, cumpliendo 30 horas semanales, que se dividen en 6 horas diarias. 

El Programa tiene equipos técnicos inetgrados por psicólogos y trabajadores sociales. Recibe y atiende los casos judicializados en los que se plantean situaciones de vulnerabilidad de niños y grupos familiares. “Nos desempeñamos como órganos administrativos de aplicación de la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, relató Medina.

La trabajadora dijo que para esta tarea “son escasos el número de profesionales porque la demanda es enorme". En lo que va de enero hasta octubre de este año, el Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario recibió 6900 casos mediante oficios, expedientes y notas. De ellos, 4600 pertenecen a Capital y 2300 a otras localidades de la provincia.

El Programa se divide en seis zonas en toda la provincia y trata un total de 690 casos por mes. Además de los equipos técnicos que reciben los casos, existe un equipo “que está de guardia”. Allí se presentan los casos que no están judicializados y que “entran de forma espontánea e inmediata”.

En su reclamao agotamos "todas las instancias de diálogo”, expresó Mediana. Contó que presentaron notas, hablaron con el secretario de Niñez y Familia, Rodrigo Fernández, y se firmaron actas que no se cumplieron. “No obtuvimos respuestas”, lamentó.

En los primeros días de septiembre los trabajadores firmaron un acta por la que la Secretaría se comprometía a brindarles un seguro laboral y un aumento mensual de $3000, que empezaría a correr en octubre. Aún no se reglamentó. “Se prometía el seguro y un reconocimiento como trabajadores del Estado. Queremos que se resuelva el acta que se firmó con el aumento, que es escaso y que no llegó”, sostuvo Medina.

“Estas condiciones terminan vulnerando los derechos de las familias porque no podemos hacer intervenciones adecuadas”, manifestó. “Para nosotras es importante eso” porque se trata de niños y familias que están en condiciones de vulnerabilidad porque el Estado las vulneró, sostuvo y en la situación en la que se encuentran terminan "haciendo intervenciones que no son las deseadas”.

“No solamente queremos que se cumpla con lo que se acordó, sino que se visibilice la situación de los trabajadores. Queremos reivindicar a los trabajadores en una situación crítica, por eso nos movilizamos”, manifestó.

Medina dijo que la iniciativa de denunciar la situación laboral en la que se encuentran salió desde el Programa de Fortalecimiento, sin embargo, se sumaron los programas Centro de Inclusión Transitoria, Sistemas Alternativos y el Centro de Primera Infancia. “La situación es similar en otros programas de la Secretaría” y “se extendió a los trabajadores del Ministerio, entre ellos, los administrativos como ordenanzas, operadores y ayudantes maternos”. 

"Queremos que se entienda que la responsabilidad es del Estado", enfatizó la trabajadora, quien agregó que estas prácticas de precarización se fueron "institucionalizado a través del tiempo y no solo por esta gestión sino por las otras gestiones que han pasado", concluyó.