La pandemia de coronavirus presenta una serie de aristas que trascienden la dimensión sanitaria e incluyen cuestiones sociales y económicas. Aunque por momentos se jerarquicen unas políticas sobre otras, los Estados deberán hacer como el cubo de rubik y girar todo al mismo tiempo. Y todavía más, habrá que pensar políticas coordinadas a escala regional. Hilvanemos una obvia y rápida reflexión: Brasil limita con otros diez países y es el país que posee los números más dramáticos de contagios y muertos, frente a un virus con una tasa de transmisión abrumadora.

En América Latina las primeras políticas públicas se agruparon entre quienes adoptaron medidas desde una perspectiva de protección del derecho a la salud, quienes pusieron énfasis en el control y la militarización social y algunos pocos que prácticamente no adoptaron políticas. Las preguntas sobre el cómo y por qué cada país tomó esas medidas se pueden pensar a partir de la combinación de tres elementos: decisión política, capacidades estatales acumuladas e inversión.

La dimensión política. Sólo Argentina y México son países que poseen gobiernos de signo progresista. En el resto gobiernan fuerzas de orientación conservadora o derechista con un variopinto conjunto de perfiles: empresarios, políticos, espacios políticos que dieron un brusco giro conservador, el gobierno ultraderechista de Brasil y el gobierno de facto de Bolivia. 

El color de un gobierno es una variable (no la única) para comprender el diseño de las políticas públicas, nos muestra quiénes se encargan de definir qué se hace y cómo se hace. Se trata de una variable de tiempo corto. Pensemos qué hubiera ocurrido si la pandemia se desataba durante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, donde el Ministerio de Salud y el de Ciencia y Tecnología habían sido desjerarquizados. O a la inversa, qué sería de Brasil con un gobierno popular que comprenda el valor de la salud pública y el bienestar general por encima de los intereses económicos.

Inversión en Salud y en Investigación+Desarrollo (I+D). La inversión en Salud y en I+D es una variable fluctuante, pero a diferencia del ritmo de la política los tiempos son más lentos. La acumulación histórica y la resistencia social son un límite a las medidas de ajuste y, a la inversa, la inercia conservadora retarda proyectos progresistas. En Argentina, por ejemplo, tras cuatro años de un gobierno neoliberal, aunque la inversión en el área bajó, los números siguen siendo altos en comparación con el resto de América Latina. En Brasil la inversión en salud per cápita es baja y el sector privado supera al público; por otra parte, es el país con mayor porcentaje destinado a I+D y sin embargo, tiene un gobierno que desoye las recomendaciones de las y los científicos. En Chile ocurre la siguiente paradoja, la inversión per cápita en salud es alta pero hay una paridad en el gasto público y privado. Y, como se sabe, la medicina privada persigue el lucro, en cambio la inversión pública busca el bienestar general, por caso, en ese país la realización del testeo tiene un costo. En Ecuador también hay que pagar para la realización del test y las capacidades sanitarias se encuentran por debajo de las esperables. En México la inversión en salud per cápita es baja, en un país que atravesó larguísimos años de neoliberalismo.

Las capacidades estatales. Estas refieren a un conjunto de dimensiones que los países han construido históricamente a lo largo de siglos. ¿Tienen Estados fuertes o Estados débiles? ¿Estados centralizados con facilidad para implementar políticas desde el gobierno nacional, o descentralizados, donde los poderes locales gravitan y tensionan al poder central? Las capacidades estatales refieren a dos conjuntos de elementos: por un lado, los instrumentos legales que permiten el desarrollo de tal o cual política estatal y por el otro, las posibilidades burocráticas y administrativas para llevar adelante las políticas, es decir los recursos humanos, tecnológicos y económicos. Se trata de capacidades instaladas de acumulación histórica que se activan frente a problemas urgentes.

Salvo Brasil y Nicaragua que prácticamente no adoptaron medidas frente a la pandemia, o estas fueron muy tibias, el resto de los países implementó decisiones en distintos grados de magnitud. Pero el carácter de las políticas es diferente. Frente a una perspectiva de derechos, hay países que han optado por poner acento en el control y la militarización. En Chile y Ecuador rige el toque de queda, en Bolivia hay un gobierno de facto y en Colombia y El Salvador existe una política de control y militarización que si bien preexistía a la pandemia se ha profundizado.

La combinación entre la decisión política, la historia de inversión en I+D y en Salud y el carácter de las capacidades estatales brinda condiciones más favorables para la definición de políticas públicas orientadas al control de la pandemia desde una perspectiva integral, como ocurre en el caso argentino. La agenda inmediata deberá atender las múltiples aristas sociales y económicas que se agudizan frente a las desigualdades preexistentes.

El escenario futuro es difícil de predecir – para qué negarlo – sin embargo, podemos hacer pie en algunas de las certezas con que contamos: 1) resulta crucial buscar soluciones integrales que atiendan tanto la dimensión sanitaria como los problemas causados por las desigualdades socioeconómicas, territoriales y habitacionales, de accesos tecnológicos, de género, entre otras, 2) la dimensión socioeconómica deberá ser parte de las cuestiones prioritarias, con políticas fiscales progresivas y revisión y condonación de deuda externa pública, 3) la pandemia es un problema global y por tanto requiere respuestas coordinadas desde América Latina.

Inés Nercesian es investigadora del CONICET, Coordinadora del Observatorio Electoral de América Latina ,Facultad de Ciencias Sociales (UBA).