Desde diciembre, apenas asumió el nuevo gobierno provincial, 49 Centros de Jubilados, Clubes de Ancianos y Asociaciones de la Tercera Edad de la ciudad capital de Salta y 31 en el interior dejaron de recibir los bolsones destinados a este grupo etario de la sociedad.

El programa de emergencia PAS (Plan Alimentario Salteño), que lanzó el gobierno de Juan Manuel Urtubey en septiembre del año pasado, preveía la entrega de 18.000 módulos para garantizar la seguridad alimentaria de los adultos mayores en todo el territorio provincial. Pero sólo se cumplió hasta diciembre, es decir, tres meses.

Según Ignacio González, a cargo de la Coordinación General del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el programa no se discontinuó, pero se realizaron modificaciones y se priorizaron otros sectores, por lo que los adultos mayores quedaron excluidos de la ayuda provincial. Aunque aclaró que se está asistiendo a los municipios vía las intendencias “porque son muchos más los sectores afectados a partir del aislamiento”.

En todas las asociaciones para mayores que consultó este medio, tanto de capital como del interior, aseguraron que nunca les informaron que ya no llegarían los productos alimenticios. Sólo el director General de Adultos Mayores, Jorge O´Brien, les habría dicho que se habían destinado a las familias del norte en el marco de la emergencia socio sanitaria, declarada en enero.

“Hay mucha gente que cobra la jubilación mínima, que no es de PAMI porque tiene IPS, o que no recibe los bolsones de PAMI porque esos son para casos específicos, y que la está pasando muy mal hoy”, indicaron en un Centro de Jubilados de la zona norte cuyos referentes pidieron no ser identificados.

Explicaron que a partir de la creación del PAS, ellos eran los que armaban las listas de personas que necesitaban ayuda y desde el Ministerio de Desarrollo les hacían llegar los bolsones a cada organización. “Los datos que nosotros les pasábamos, ellos los cruzaban con PAMI para comprobar que no se repartía dos veces a la misma persona”, aclararon.

Según datos que pudo recabar este medio, la entrega que se realizó a través del Plan durante sus tres meses de puesta enpráctica, no cubrió los 18.000 módulos previstos para este grupo, “ni siquiera llegaron a entregar 6.000”, aseguraron.

Por lo que surge la duda de cual fue el destino del dinero o los bolsones sobrantes. Aunque se animan a deducir que la mercadería que antes daban a sus asociados las organizaciones que nuclean a los adultos mayores, “hoy la están entregando a dedo los intendentes”.

En Rosario de la Frontera eran 110 los beneficiarios, en Vaqueros otros 30 y en el barrio Castañares de la ciudad de Salta, eran más de 80 “que aún al día de hoy preguntan si ya volvieron los bolsones, porque hay muchos abuelos necesitados”, confiaron a Salta/12 desde otro Centro.

El decreto 1281/19, convertido en ley provincial 8166, aún vigente sin modificaciones, contemplaba “la grave situación económica y social (…) producto de las políticas públicas implementadas a nivel nacional, las que provocaron el aumento desmesurado en el precio de los alimentos y la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de los procesos inflacionarios y de devaluación monetaria, generando una creciente desigualdad social” durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.

Y consideraba que el impacto de la crisis “sobre los sectores más carenciados de la población impone la necesidad de contribuir de manera urgente, ante la falta de respuesta del Gobierno nacional, a la seguridad alimentaria de las familias salteñas más necesitadas”. Por lo que establecía el estado de emergencia alimentaria en todo el territorio provincial, “a fin de adoptar de manera impostergable las medidas inmediatas y concretas tendientes a mitigar las condiciones de vulnerabilidad de la población”.

El Plan preveía alimentos para más de 50.000 niños y niñas a través de las escuelas y los Centros de Primera Infancia. Otros 60.000 para pueblos originarios y 18.000 para adultos mayores. También estipulaba la entrega de medicamentos oncológicos y “reforzar la asistencia permanente de los profesionales y agentes sanitarios del Ministerio de Salud Pública en las localidades más vulnerables”.

El presupuesto estipulado para el ambicioso PAS, fue de $351 millones. En ese momento, al ex gobernador lo criticaron por lo tardío del programa que fue lanzado al final de su mandato y en medio de un proceso electoral.

Inclusive hubo denuncias públicas por el uso de la asistencia en beneficio de algunos candidatos, ya que se detectaron casos en que la repartían utilizando remeras o gorras con propaganda proselitista.