El abogado Alejandro Rúa, defensor del ex vicepresidente Amado Boudou, pidió a Naciones Unidas que haga un “llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino” ante la actividad de espionaje ilegal que fue desplegada en cárceles según comienza a constatar en la causa a cargo del juez federal Federico Villena. Ese expediente abarca maniobras de inteligencia ilegal de distinto tipo desplegadas desde la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre dirigentes políticos tanto opositores como oficialistas, sindicalistas, integrantes de la iglesia católica y hasta periodistas, razón por la cual acudió al juzgado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (ver aparte). Pero la pesquisa tiene una arista particular que revela una conexión entre la AFI y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), como informó este diario, dedicada a espiar dentro de pabellones penitenciarios, y en particular aquel donde estuvieron detenidos ex funcionarios del kirchnerismo y empresarios. Rúa ya había denunciado las escuchas realizadas a través de teléfonos públicos en el penal de Ezeiza que fueron difundidas por los medios y dieron lugar al llamado “Operativo Puf”. Ahora suma las nuevas sospechas por las que se investiga si se instalaron micrófonos en celdas y lugares donde los presos se reúnen con sus abogados y sus familias.
La presentación de Rúa es ante el relator de independencia judicial, Diego García Sayán, precisamente por la ilegalidad que implica espiar las conversaciones de los detenidos con sus abogados/as a través de grabaciones de sus conversaciones telefónicas o en el lugar de reunión dentro de la cárcel. Rúa pide que Naciones Unidas reclamen “toda la información necesaria respecto de la violación de derechos denunciada”; la destrucción de los registros de las comunicaciones amparadas por la confidencialidad de las consultas entre los abogados y sus defendidos…” y todas las que se hayan obtenido a través de actividades de espionaje ilegal; “que se promueva y respalde la investigación de las violaciones denunciadas de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y se adopten medidas contra quienes aparecen como sus responsables”.
Entre el material que Rúa le envió a García Sayán figuran algunas publicaciones periodísticas de los últimos días, entre ellas la de este diario, que dan cuenta del hallazgo de la vinculación entre la AFI y el área de Inteligencia del SPF. En dos allanamientos que hizo el juez Villena se comenzó a reconstruir parte de esa ingeniería. Hubo procedimientos en la Dirección de Reunión de Información del Servicio Penitenciario y también en la de Seguridad. El titular de la primera, Claudio Suriano, renunció la semana pasada a raíz de estos hechos, aunque la excusa oficial fue la jubilación. El juzgado estaba recabando información de algunos agentes y ahí es donde comenzaron a juntarse algunas pistas. Uno de los principales implicados –comprometido por el “narco” Sergio “Verdura” Rodríguez que se convirtió en aportante inicial de información al expediente había señalado que había sido contratado por un abogado y ex agente llamado Facundo Melo. El estudio de Melo fue allanado también, al igual que la casa de Leandro Araque, que también revistó en la AFI y antes en la Policía de la Ciudad. Uno de los penitenciarios que aparecen en escena y que estuvo en la AFI se llama Jorge Sáez. Todos reportaban a Alan Ruiz, que era jefe de operaciones especiales de la gestión de Gustavo Arribas en la AFI.
Como parte del material que le exhibieron y explicaron a CFK surge una vinculación a su vez entre Ruiz y un hombre del SPF, Fernando Carra. Todo inidica que muchísima de la información obtenida estaba en el celular de Araque, aunque también en otros dispositivos.
Melo y Araque recusaron al juez Villena. Lo quieren sacar de la cancha con el argumento de que en 2018 fue él quien mandó a pinchar los teléfonos de Ezeiza en una investigación sobre el narco Mario Segovia. Hasta ahora no les fue muy bien, porque incluso el juez que tenía en Comodoro Py la causa sobre el atentado contra Vila, Sebastián Ramos, les mandó la causa a Villena.
Un material que podría ser relevante que también cita Rúa en su presentación, y que fue difundido por el periodista Rolando Graña es una grabación de una reunión en la que habrían participado Melo y Araque con Ruiz, junto con otras personas. Se supone que alguien grabó y que Ruiz habría planificado allí el espionaje en la cárcel con estas palabras: “Lo primero que tenemos que definir con Cristian Suriano es una unidad que sería Ezeiza o Marcos Paz, hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar (en alusión a poner micrófonos). Lo vamos a equipar todo, los vamos a meter a todos los políticos porque están operando a full desde adentro. Están operando (Julio) De Vido, Boudou, el cuervo Larroque que está yendo siempre a visitar a (Fernando) Esteche (…) La idea es armar todo, todo preparado para pasar información a algunos sectores que están complicados (…) Por ejemplo hay chabones de la política que no los tenemos en la lista y están yendo a visitar a tipos que están presos. La idea es armar un lugar donde van a pasar las visitas, ese lugar le tenemos que meter un equipo técnico y después van a dejar los celulares y ahí empezamos a chorear información (en alusión a sacar información de los teléfonos). Y después vamos a tener que hacer un seguimiento de algunas personas porque son las que van a operar políticamente en contra”. Graña informó por la tarde que el juzgado de Lomas de Zamora estaba allanando su productora.
