“Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y una política de la sociedad. Lo hicimos con 'Memoria, verdad y justicia'. Ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias”, anunció el presidente Alberto Fernández ante la asamblea legislativa, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. Fue, tal vez, la declaración más importante de la agenda de género de su discurso. Recogió así el planteo que días atrás un grupo de ocho mujeres autoconvocadas le trasmitieron en una reunión a las que el mandatario las invitó a la Casa Rosada y en la que le entregaron un petitorio con 9 puntos –acompañado por más de 30 mil firmas de mujeres y disidencias, entre ellas Estela de Carlotto, Nora Cortiñas, organizaciones de feministas, actrices, periodistas, que adhirieron en menos de 24 horas al reclamo que surgió tras el femicidio anunciado de Úrsula Bahillo.

Así como en la apertura de las sesiones ordinarias del año pasado, la promesa de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue uno de los ejes centrales de su discurso como respuesta a la marea verde, en esta oportunidad se hizo eco de la demanda social –que va más allá del movimiento feminista—frente a la sucesión de femicidios. Como telón de fondo resuenan los femicidios anunciados de Úrsula, de 18 años, y de Guadalupe Curual, de 21, que conmovieron a la opinión pública en las últimas semanas por las graves falencias que mostró el accionar judicial. Sus muertes son parte de un registro sinfín que ya tiene más de medio centenar de nombres de mujeres asesinadas por ser mujeres en los dos primeros meses del año.

La decisión del ex presidente Néstor Kirchner de impulsar la derogación de las leyes del perdón fue clave para habilitar la reapertura de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, fue una clara señal de que los derechos humanos iban a ser un pilar en el conjunto de las políticas de Estado, que se terminaron de consolidar con Cristina Fernández de Kirchner. Emular esa política promovida por Néstor Kichner y darle esa centralidad a la lucha contra la violencia de género fue una de las propuestas que le hicieron en esa reunión del jueves 18 de febrero las 8 mujeres autoconvocadas. El presidente la tomó.

“Vengo a proponerles construir un gran consenso en la sociedad argentina contra la violencia de género, por una sociedad más igualitaria. La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda”, dijo el presidente.

Fernández definió “la cuestión de la violencia de género” como “un delito intolerable que afecta a las mujeres y las diversidades”. Y mencionó las medidas que se están implementando desde el Gobierno en el marco Plan Nacional contra las Violencias por Razones de Género, que presentó en julio junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, de quien depende esa ambiciosa batería de programas. “Pusimos en marcha el Programa AcompañAR para la asistencia integral a mujeres en riesgo por situaciones de violencias de género. Ampliamos las capacidades y modernización de la Línea 144. Creamos el Consejo para la Prevención y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios”. Hizo también algunos anuncios: “Continuaremos por este camino en 2021 con el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad para reducir las brechas de género” e “iniciaremos la construcción de 14 Centros Territoriales en distintas provincias del país para abordaje integral de las violencias por motivos de género”. Además, destacó que “ya incrementamos un 50 por ciento la entrega de dispositivos duales de supervisión, monitoreo y rastreo de víctimas y agresores de violencia de género”. Pero como contó este diario en su edición de este lunes, la justicia usa menos del 50 por ciento de los dispositivos o tobilleras disponibles y hay provincias –como Chaco, Formosa, Catamarca y San Luis— que no tienen ni uno, y otras –como Jujuy-- que cuentan con esa herramienta pero no la aplican.

El presidente también dijo que se pondrá “en marcha el Programa de Acceso a Derechos para personas en situación de violencia, que contará con equipos interdisciplinarios que asistan y acompañen a mujeres y diversidades en todo el territorio nacional”.

Además, recordó que el Gobierno presentó al Congreso “el Proyecto para la creación de un Sistema Integral de Cuidados y consolidación del Mapa Federal de cuidados” y anunció la construcción de 800 jardines de infantes en todo el país que dependerán del Ministerio de Desarrollo Social.

“En todo el proceso de ampliación de derechos hemos dado prioridad a los derechos de las mujeres y las diversidades. Para reducir desigualdades económicas y salariales, hemos impulsado distintas iniciativas para el desarrollo profesional de las mujeres y diversidades apuntando a la igualdad en el ámbito productivo”, dijo Fernández y mencionó las medidas que se cumplieron en el primer año de gestión: “Por primera vez, elaboramos un presupuesto nacional con perspectiva de género. Además, establecimos el cupo laboral travesti trans en la Administración Pública Nacional. Avanzamos en la implementación de la Ley Micaela en toda la Administración Pública Nacional. Aprobamos por ley la ratificación del Convenio 190 de la OIT contra la Violencia Laboral. Cumpliendo con la palabra que empeñé, promulgué la Ley que autoriza la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de los 1.000 días. La Argentina logró el primer puesto en el ranking mundial de la ONU de países con políticas de género en el contexto de la pandemia COVID-19.”