El intendente de Bañado de Ovanta y candidato oficialista a la reelección,  Elpidio Guaraz (64), está imputado hace más de un año por el delito de “Privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y abuso sexual con acceso carnal en concurso real y en calidad de autor”. Viene posponiendo las pericias psicológicas desde hace meses y la semana pasada la Fiscalía de Cuarta Nominación, volvió a concederle el beneficio por “compromisos políticos” hasta después de las elecciones.

Guaraz se presentó para releelección de la intendencia de Bañado de Ovanta y podría ser elegido el 22 de octubre para ejercer un quinto mandato. A la Fiscalía le pidió que las pericias se las hagan el 24 de octubre.

La cédula de notificación enviada a la querella el 11de octubre pasado, decía: “Atento a la presentación efectuada por la defensa técnica del imputado en cuanto a la suspensión de la pericia psicológica en la persona del mismo fijada para el miércoles 11 de octubre, aduciendo compromisos políticos por parte de este, esta Fiscalía de Cuarta Nominación dispone: en cuanto a la suspensión de la pericia psicológica del incoado de marras; ha lugar, en consecuencia ofíciese al Cuerpo Interdisciplinario Forense a los fines de solicitar nueva fecha para la realización de la periscia psicológica”.

En tanto, también le hacen saber al Intendente que “en caso de incomparecencia del mismo y o solicitud de nueva suspensión de la medida pretendida no se hará lugar a la misma bajo apercibimiento de ser trasladado por la fuerza pública”.

En diálogo con Catamarca12, Luis Muñoz y Pérez, abogado de la sobreviviente manifestó su inconformidad con este nuevo beneficio que se le otorga a Guaraz. “Sentimos y lamentamos la complicidad de sectores políticos hacia él”, dijo.

Guaraz se presentó para releelección de la intendencia de Bañado de Ovanta y podría ser elegido el 22 de octubre para ejercer un quinto mandato. A la Fiscalía le pidió que las pericias se las hagan el 24 de octubre.

Las denuncias

Guaraz fue denunciado por dos jovenes los días 4 y 5 de junio del 2021. El Intendente, quien además carga con una decena de acusaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público, intimidación pública y abuso de autoridad, fue acusado por una de las sobrevivientes por privación ilegitima de la libertad y abuso sexual y por abuso sexual y coacción y por la otra víctima, por cuya causa también fue imputado y también es dilatada por el funcionario público.

Ambas debieron irse de su pueblo natal y dejar a sus familias. Una de las jóvenes huyó para poder radicar la denuncia y ya no volvió por miedo. La otra joven lo hizo para poder trabajar y evitar el hostigamiento constante que le impedía hacerlo en el pueblo que gobierna el acusado.

La desprotección del Estado y el miedo que ambas sienten fue manifestada por ellas mismas en diferentes entrevistas dadas a Catamarca/12 y a través de sus redes sociales.