Rubén Olarte se convirtió en portavoz de un grupo de vecinas y vecinos de La Silleta, en el departamento Rosario de Lerma, que desde hace años vienen solicitando al Ejecutivo y a la justicia provincial, que a esa localidad, que depende hoy del municipio de Campo Quijano, le devuelvan el título de municipio que le arrebató la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1967.

Olarte le contó a este diario que se sienten desprotegidos y desamparados por la poca atención que reciben sus gestiones en la localidad cabecera. Falta de limpieza y recolección de basura, escaso alumbrado y mantenimiento de calles, casi nulo desmalezado y programas de acción municipal que lleguen a las familias de la zona, son algunas de las quejas de quienes viven en La Silleta. 

Además, aseguraron que cuentan con la cantidad de habitantes suficientes (en las últimas elecciones estaban habilitadas 5.500 personas para votar, por lo que se calcula que el número asciende a unas 9.000), así como las condiciones edilicias necesarias para convertirse en el municipio número 61 de la provincia.

Cansados por la falta de respuestas a su demanda histórica, decidieron interponer un petitorio a la Corte de Justicia provincial, "para que en la feria judicial puedan seguir revisando nuestro tema", sostuvo Olarte.

La solicitud es para que se declare la inconstitucionalidad del decreto nº 2533/1.967, dictado por el entonces gobernador interino (de facto), el coronel Mario Eliseo Cabanillas, considerando esa decisión "una inexcusable violación del orden jurídico constitucional", que vulnera los artículos 1, 5, 31, 36, de la Constitución Nacional.

Según la presentación, la decisión del gobierno de facto quebrantó principios constitucionales como la forma de gobierno, la garantía federal, y avanzó sobre materias que pertenecen al Poder Legislativo provincial, "procurándose con esta acción la tutela de los derechos constitucionales de los vecinos de La Silleta", agrega el documento. Vecinas y vecinos reivindican su "legitima" posibilidad de elegir a sus propias autoridades municipales y representantes del Concejo Deliberante local, así como a cobrar tasas municipales y hacer uso de fondos propios.

La historia

El 29 de octubre de 1964, en el gobierno democrático de Ricardo Joaquín Durán, el Senado y la Cámara de Diputados de Salta, a través de la sanción de la ley n° 3.913, le dieron a La Silleta la categoría de municipio, fijando su jurisdicción y ordenando que los gastos que demandara el cumplimiento de esta ley fuesen atendidos con fondos de rentas generales de la provincia.

Sin embargo, tras el golpe militar de 1966 contra Arturo Illia, el interventor provincial, Mario Cabanillas, decidió suspender esa decisión a través del Ddecreto n° 2.533, y dispuso que vuelva a ser una delegación municipal de la intendencia de Campo Quijano, a cuya jurisdicción perteneció antes de que fuera elevada a municipio. 

El planteo de vecinas y vecinos encuentra asidero en cuanto a que el decreto en cuestión “suspendió” la vigencia de la ley 3.913/64, pero no la derogó, por lo que argumentan que ya pasaron más de cinco décadas conviviendo "con una decisión ilegítima", que les quita calidad de vida a quienes viven allí, añadió Olarte.

Pero además de plantear la falta de legitimidad de un decreto dictado bajo un régimen militar, le recordaron a la justicia que la misma decisión administrativa ni siquiera fue impuesta por el verdadero interventor de facto, que era el general de brigada del Ejército Argentino Héctor D'Andrea, designado en agosto de 1966 con facultades ejecutivas y legislativas por Onganía. Quien tomó la decisión fue el coronel Mario Eliseo Cabanillas, el ministro de Gobierno, Justicia, Instrucción Pública y del Trabajo, quiéen, en ausencia de D'Andrea ocupaba el cargo de gobernador de manera interina.

Por último, el documento que vecinas y vecinos presentaron a la Corte enumera las pocas obras que se realizaron en algo más de medio siglo en La Silleta por parte de la administración de Campo Quijano.

"Sólo pudieron gestionar y construir, dentro del ejido urbano, 30 viviendas; un pequeño Centro de Salud, cuyos profesionales sólo atienden a 10 pacientes por día; ocho cuadras de pavimento; cuatro cuadras de adoquín; un solo pozo de agua, y 3.000 metros lineales de gas natural domiciliario, que representan sólo un tercio de la población", denuncia la presentación.

Y culmina recordando que a 40 años del retorno de la democracia, "los silletanos seguimos obedeciendo la decisión ilegítima de un usurpador del poder".