El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, esgrimió el mismo argumento que el resto de los funcionarios que respondieron preguntas –no todas-- ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate la ley ómnibus de 664 artículos que el presidente Javier Milei envió al Congreso: "Las reformas se fundan en la situación gravísima de la Argentina", argumentó y agregó que “la ciudadanía se manifestó en las urnas a favor de un cambio, de un nuevo Presidente para reformar el Estado".
Cúneo Libarona defendió así la suma del poder público que busca el Ejecutivo con la ley y el mega DNU y todas las modificaciones que proponen al sistema de Justicia, incluso el artículo antipiquetes presentado como “libertad a vivir sin miedo” y el que despenaliza el accionar policial impulsados por la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, y hasta el uso de togas y martillos para los jueces. “Van a seguir”, solo dijo cuando lo consultaron sobre la continuidad de los juicios de lesa humanidad a los genocidas.
Cúneo Libarona buscó mostrarse más amable que el resto de los funcionarios que expusieron ante los diputados, incluso fue el más verborrágico. "La ciudadanía se pronunció a favor de un cambio, con un Presidente que busca soluciones, achicar el Estado, desregular y ordenar", arrancó. "El plan para la Justicia apunta a un sistema procesal y penal adecuado, en el que Argentina sea ejemplo de justicia y orden". "No me interesa hablar de herencias; sí de futuro y esta ley es el futuro; tenemos un régimen procesal penal que ha fracasado. En eso se va trabajar ansiosamente, a partir de la modernización que introduce", aseveró.
Defendió a rajatablas la implementación de los juicios por jurado, a cuya implementación fue la única a la que le puso costo: “Es el 0,92 por ciento del presupuesto”, dijo. “El 0,92 por ciento del presupuesto del Poder Judicial”, aclaró uno de sus colaboradores. También defendió la toga y el martillo para los jueces: explicó que la vestimenta e instrumento del sistema anglosajón "se usa en muchas provincias y en muchos lugares del mundo", aunque aclaró: "No vamos a dejar de aprobar el tema del juicio por jurados porque el proyecto incluya el tema de la toga", que se aplicará “en delitos naturaleza federal con penas de más de cinco años”.
Lo mismo hizo con las reformas penales propuestas por Bullrich y hasta se victimizó. "Los derechos a protestar, a huelga, son legítimos". Pero le adjudicó "carácter delictivo al corte de ruta y amenaza". "Si cuatro personas encapuchados con un palo vienen y me agreden, está cometiendo un delito", agregó luego de explicar que había vivido esa experiencia. "No dejan ir a los chicos a clase, a los comerciantes, afectan a la sociedad en general. Es protesta, es huelga, eso es delito", enfatizó.
Habló de avanzar con extender a todo el país el sistema Procesal Penal Acusatorio, “un régimen que existe en todo el mundo y que en Argentina sólo se implementó en Salta y Jujuy”. “Es poca plata, la estamos consiguiendo”, dijo sobre los recursos. También se explayó en defensa de todas las modificaciones que impulsa la mega ley: exclusión de abogados en los divorcios, quita de los depósitos judiciales al Banco Nación (que se busca privatizar) y habilitar la banca privada; el traslado de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia (IGJ); el trabajo judicial por encima de la quita de atribuciones a la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y hasta la desarticulación del INADI, entre muchos otros puntos.
Cuneo aseguró que impulsarán en el Consejo de la Magistratura, para enviar al Senado, los pliegos que el gobierno reexaminó para cubrir todas las vacantes del sistema de Justicia. La diputada Vanesa Siley (UxP) le reclamó, entonces, que el Ejecutivo nombre y envie a su representante ante el Consejo para no paralizarlo.
Antes de terminar su exposición, el ministro también respondió una pregunta de la diputada del FIT, Myriam Bregman sobre la continuidad de los juicios de lesa humanidad. "Para mí son amplísimos, no sólo tienen que estar dirigidos al género o las causas contra militares, que van a seguir. Mi visión está puesta en la víctima, no en el imputado", respondió sobre su visión de derechos humanos. "La ley de víctimas fue una buena iniciativa, pero hay que reforzarla, por eso le pediría a la Cámara que ordenemos la ley. Sueño con un equipo de abogados, psicólogos y apoyo material 24 horas, que le den realmente contención a la víctima", cerró tratando de esquivar otras precisiones. Luego de 45 minutos, pidió un cuarto intermedio. “Estoy fusilado”, esgrimió.
Preguntas y respuestas
Dos diputadas macristas abrieron las preguntas. Silvana Giudici (PRO) se presentó como los que “representamos los cambios profundos”, arremetió contra el kirchnerismo y avaló las propuestas del Gobierno. Aunque también reclamó que el traspaso de la justicia nacional a CABA se “realicen con los recursos” económicos. Una sugerencia sobre la que el ministro prefirió responder.
Silvia Lospennato (PRO) celebró las medidas de la ley y pidió que de avanzar con un nuevo Código Penal tome la propuesta del juez federal Mariano Borinsky durante el gobierno de Macri. Lospenatto también mostró “gran preocupación” por una entrevista en la que el ministro admitió que OA y la UIF, fueron utilizadas para perseguir opositores. “Es una acusación injusta”, lanzó y le reprochó la propuesta de eliminar el rol de querellar de la OA.
La respuesta del ministro no fue amable con la opositora “dialoguista”. “Deme una sola causa que hayan impulsada la OA y la UIF”, le dijo y defendió el rol de los fiscales. “Las cosas hay que hacerlas rápido. El (código) de Borinsky ha sido superado”, replicó. “Presupuesto hay, haciendo magia, tocando timbres”, agregó sobre los recursos para los juicios por jurado.
Juan Marino (UxP) lanzó varias preguntas. Entre ellas si el gobierno busca modificar el Código Penal, por qué se avanza en la ley ómnibus con reformas parciales propuestas por Bullrich, además del rechazo del Colegio Argentino de Abogados al divorcio administrativo y los cien juristas que se pronunciaron contra las reformas al Código Civil y Comercial porque atentan “contra la seguridad jurídica”.
Cúneo Libarona defendió toda la modificación del Código por capítulos, entre ellos el “bien jurídico libertad de tránsito y abuso de autoridad contra la policía”. “Los abogados no tienen seguridad jurídica, con la tarea que hacen. Son posturas. Que viola la CN, que norma? No lo dicen”, preguntó y se respondió el ministro-abogado.
Al cierre de esta edición el ministro seguía respondiendo preguntas de los diputados.
