“Lo que proponen es prácticamente derogar la Ley Micaela” advirtió esta tarde en el debate en el Congreso por el proyecto de ley ómnibus el padre de la joven Micaela García, asesinada en 2017 en Gualeguaychú, y en nombre de quien se instauró hace cinco años la ley que capacita en perspectiva de género y en prevención de las violencias contra las mujeres, al personal de la administración pública en todos los niveles del Estado. Fue en el plenario en comisiones de la Cámara de Diputados, al exponer sobre los párrafos del proyecto que modifican la Ley Micaela.
La advertencia, enunciada en forma virtual por Néstor "Yuyo" García, padre de Micaela y titular de la fundación que también lleva el nombre de su hija, traducía a la realidad de los hechos y en base al caso Micaela, las consecuencias evidentes que emanan de las modificaciones propuestas por el proyecto enviado por el Ejecutivo para su tratamiento.
“Me parece que la modificación que propone la ley ómnibus es prácticamente derogar la Ley Micaela”, dijo García al iniciar su relato sobre el proyecto que intenta modificar seis artículos de la ley sobre violencia de género cuya implementación se ejecutaba a través del Ministerio de Mujeres y Diversidades. Por eso la voz del padre de la joven víctima trajo a la realidad los giros conceptuales de los cambios propuestos.
"Por un lado está la temática, ya que violencia familiar no es lo mismo que violencia de género” advirtió García, ya que el proyecto establece “la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer", en lugar de mantener "la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres" de la ley actual. Y añadió: “¿Por qué se pretende hacer este reemplazo? Me parece que esto es muy grave” sostuvo.
Otro cambio conceptual de peso refiere a la intención de restringir la capacitación a "todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. De ahí que García haya sido categórico sobre este ámbito de aplicación: “Se pretende solamente capacitar a las personas que trabajan en las áreas de género, que son las personas que conocen de la temática --explicó--. Entendemos que todas las personas que integran los tres poderes del Estado, no importa el área en el que se desempeñan, ni su nivel, ni su jerarquía, tienen que capacitarse en esta ley”.
Sabe de lo que habla García. El caso Micaela evidencia la falta de formación en género de los funcionarios involucrados en su martirio. Micaela García, "la Negra", a los 21 años de edad, militante del Movimiento Evita y del “Ni Una Menos”, fue víctima de un femicidio perpetrado por Sebastián Wagner, quien ya había sido condenado a 9 años de prisión por la violación de dos mujeres ocurridas antes del femicidio de Micaela. Pero contó con el beneficio de la libertad condicional otorgado por el juez Carlos Rossi, a pesar de los informes psicológicos que la desaconsejaban.
La Ley Micaela fue sancionada en 2018 bajo el número 27.499, con 230 votos a favor y uno en contra, como respuesta a estas decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género. "Este femicidio (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran”, detallaron desde la Fundación Micaela cuando se conoció el proyecto. “Muchos femicidios ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias" señalaron en un comunicado. Y ninguno de los involucrados en el caso Micaela "se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia", agregaron.
El padre de Micaela no necesitó precisar los detalles de su tragedia. Prefirió concluir con un llamado sobre "los problemas que tenemos en nuestro país, que no tiene que ver con que se derogue una ley que es tan necesaria para los argentinos”.
