"Les quiero decir a aquellos que piensan y creen que la Argentina empieza y termina en la general Paz" que en el norte del país "hubo gauchos que dejaron la vida para que esta patria sea libre, soberana, pero sobre todo justa y federal, y vamos a pelear por los derechos de los salteños", "no nos vamos a arrodillar ante nadie, nunca", fueron las palabras que un ofuscado gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, utilizó para contestarle al presidente Javier Milei y su arremetida contra los mandatarios provinciales por no apoyar la ley ómnibus, y por sus decisiones de eliminar el incentivo docente, el envío de medicamentos, y los fondos destinados a subsidiar el transporte público.

Los dichos del gobernador fueron el viernes pasado en un acto oficial en el que se inauguró una importante obra pública, el nuevo tramo de la autopista de circunvalación de la capital provincial. Sin embargo, apenas cuatro días después, en medio de los actos oficiales por un nuevo aniversario de la Batalla de Salta, que significó la victoria del Ejército del Norte comandado por el general Manuel Belgrano contra los realistas, y con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro del Interior, Guillermo Francos, el mandatario provincial optó por hacer silencio y cumplir a rajatabla con las actividades protocolares bajo un clima de distensión y amistad con los funcionarios nacionales.

Es más, la decisión oficial fue eliminar todo tipo de discurso en el acto central, y solo se optó por los tradicionales desfiles del Ejército y los cuerpos de fortines gauchos.

El fuerte operativo de vallado policial que reinó durante toda la jornada logró su objetivo. Desde muy temprano, cuando se izó la bandera Argentina en la céntrica Plaza Belgrano, las autoridades estuvieron alejadas de periodistas y de quienes se acercaron allí para manifestar algún tipo de apoyo o repudio a la gestión libertaria.

Más tarde en el monumento 20 de Febrero, que conmemora aquella épica batalla, la custodia y el vallado se hizo aún más celoso, espaciando una cuadra y media los palcos de la gente que se acercó a presenciar el desfile.

A puertas cerradas

Victoria Villarruel decidió empezar la visita a Salta unos días antes. En su recorrida, se la pudo ver en una conocida casona de comidas regionales, en una cena en el exclusivo Club 20, el lugar de encuentros y tertulias de la "aristocracia" salteña, y en una reunión junto a la dirigencia de la Sociedad Rural local.

La presidenta del Senado también aceptó la invitación y visitó al gobernador en casa de gobierno, donde mantuvieron una breve reunión. Pero de ese encuentro solo se supo lo que la vicepresidenta y el gobernador publicaron en sus redes sociales, sin que se filtre otro tipo de información.

Lo mismo sucedió un día después, cuando al finalizar el desfile en el monumento 20 de Febrero, el ministro Francos, junto al gobernador salteño y los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Jujuy, Carlos Sadir, que aceptaron el convite de Sáenz para participar de la conmemoración de la batalla y del general Belgrano, realizaron una reunión informal a la hora del almuerzo.

Son 30.000

Lejos del acto oficial quedaron las y los integrantes de organismos de derechos humanos que se acercaron para manifestar su repudio a la presencia de la vicepresidenta, quien niega el papel que jugaron los militares en el genocidio perpetrado en la última dictadura cívico militar y en más de una ocasión visitó a represores y manifestó su apoyo.

A más de una cuadra y media del palco, y escoltados por un gran operativo policial, los miembros de la Mesa de Derechos Humanos de Salta esgrimieron pancartas en contra de la negacionista Villarruel y pidiendo al Congreso que no se apruebe el DNU presidencial.

“Estamos presentes para dar testimonio de que fue un genocidio, y para ratificar que fueron 30.000 desaparecidos”, sostuvo Nenina Lescano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Gremiales y Sociales. 

Lescano contó que algunos jóvenes libertarios se acercaron a agredirlas verbalmente e incluso “quisieron contarnos cómo fue la historia, cuando nosotras la vivimos en carne propia y vimos cómo sacaban los cuerpos de nuestros familiares de las fosas comunes como el Pozo de Vargas, por ejemplo”. “Yo los llevaría a ese lugar y los metería ahí, para que vean ellos mismos vean lo que hicieron esos militares que defienden, que están condenados por delitos de lesa humanidad”, agregó.

Por último, la referenta de derechos humanos salteña se preguntó qué pensaría Manuel Belgrano, que luchó por la independencia del país, cuando “ahora tenemos un gobierno que pretende que volvamos a ser colonia”.

Son derechos

Quien participó del acto por la Batalla de Salta y sí se animó a opinar sobre la quita de subsidios, aportes a la educación y la salud, así como de los fondos coparticipables, fue el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, quien abordado por la prensa dijo que seguirá luchando “ya sea por vías administrativas, reuniones y de ser necesario, (acciones) judiciales” por lo que, sostuvo, “son derechos establecidos por ley que tienen tanto las provincias como los municipios” y no “ayudas nacionales”.