El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura inspeccionó instituciones de encierro y mantuvo reuniones con autoridades y ONGs en la provincia de Jujuy, entre el lunes 24 y el jueves 27 de octubre.

La delegación que visitó la provincia estuvo integrada por el comisionado Gustavo Palmieri, la comisionada Diana Conti, el secretario ejecutivo Alan Iud e integrantes del equipo técnico.

Durante su visita el organismo informó que relevó prácticas lesivas para la dignidad de las personas en las unidades penitenciarias, así como comisarías con graves condiciones de hacinamiento y encontró allí a personas privadas de su libertad por periodos prolongados, incluyendo condenados.

Palmieri dijo a Salta/12 que en Jujuy hay 1.600 personas privadas de la libertad por causas penales. De esta cantidad, 600 se encontraban en comisarías y alcaidías.

También indicó que entre las dependencias policiales y la alcaidía, relevaron 14 mujeres detenidas. Mientras que en el sistema penitenciario encontraron 30, relevando dos mujeres trans y dos varones trans privadxs de la libertad.

"En comisarías no debería haber personas privadas de la libertad porque el personal no está preparado, porque no hay tratamiento para ellos, porque las condiciones edilicias y de convivencia no sirven, no están preparadas para eso", señaló Palmieri. "Las personas no tienen espacios a donde salir, no tienen actividades para realizar, tienen complicaciones con las visitas, obviamente con la comunicación, inclusive con el contacto con los abogados", añadió.

Palmieri sostuvo que las comisarías están pensadas para detenciones muy breves, por unos días. "Sin embargo, nos hemos encontrado inclusive personas condenadas", en las comisarías, resaltó.

"En el Servicio Penitenciario también notamos en algunas unidades situaciones serias de vulneración de derechos en términos de violencia, prácticas de aislamiento que son incompatibles con estándares nacionales e internacionales", explicó Palmieri. Dijo que hay celdas que se aplican como "castigo", y a veces incluso como "ingreso", o como "régimen", algo que "está absolutamente prohibido".

El Comité entrevistó en San Salvador de Jujuy a personas detenidas en las seccionales 56, 49 y 62, el Establecimiento Penitenciario N° 1 Villa Gorriti, los establecimientos penitenciarios N° 2 de Jóvenes Adultos, N° 3 de Mujeres y N° 7 que se encuentran dentro del Complejo Alto Comedero. 

Mientras que en Perico el organismo inspeccionó la seccional 60 y en San Pedro, también monitoreó la Alcaidía  y la Seccional 9°.

"Le comunicamos esto al gobierno. Nos parece importante establecer un mecanismo para reformar en forma urgente, en el corto plazo, estas situaciones, porque las afectaciones son muy graves", señaló Palmieri. Dijo que también hablaron sobre la necesidad de investigaciones que permitan "desterrar o modificar estas prácticas violentas que hemos constatado".

El Comité contra la Tortura se reunió con el gobernador Gerardo Morales y con el vicegobernador Carlos Haquim; el ministro de Seguridad, Luis Martín; el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García; la secretaria de Derechos Humanos, María Infante, y la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, entre otros.

Ante el hacinamiento, Palmieri destacó que "hay un plan de mejora de comisarías" y un proceso avanzado de construcción de una unidad penal en Chamical, "un lugar que en su diseño cumple al menos con las reglas mínimas de detención. En el diseño siempre cumplen, pero hay que verlas" cuando funcione, sostuvo.

El comisionado consideró que, sin embargo, la creación de nuevas unidades, a veces, implica que haya más detenidos porque los otros lugares siguen alojando a más personas. También calculó que las previsiones de construcción no serán suficientes, por la persecución al narcomenudeo de la provincia por el nuevo Código Procesal Penal, que aumentaría la cantidad de detenidxs.

Palmieri también mencionó como una preocupación el hecho de que hay un solo juzgado de ejecución en la provincia.

Adolescentes

El Comité también mantuvo entrevistas con adolescentes (menores de 18 años de edad) detenidos en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) y el Centro Socioeducativo Alto Comedero y San Pedro. 

"El gobierno ha planteado sacar el Centro Educativo que está dentro del complejo penitenciario de Alto Comedero, fuera de ese lugar. Hay políticas pensadas para eso. (...) Nos parece bien que tenga ese plan", destacó Palmieri. Indicó que el lugar "tiene toda una serie de resguardos de seguridad que son propias de adultos y no corresponden, aún cuando dentro de la unidad no hay personal penitenciario, pero la custodia es de personal penitenciario. Las reglas de requisa son de adultos y no corresponden", sostuvo. 

Palmieri detalló que las inspecciones se hicieron con el mecanismo local de prevención de la tortura de Jujuy. "Todavía su integración es incompleta", indicó, ya que falta la designación de la representante por las organizaciones de la sociedad civil que "es muy importante para el organismo", aunque el procedimiento en cuanto a su selección está avanzado y hubo una sola postulante. De los monitoreos participó solo un comisionado del Ejecutivo y el equipo técnico, porque el segundo integrante fue designado recién esta semana por la Legislatura. 

Durante los próximos días el Comité elaborará un informe confidencial que enviará a las autoridades locales con sus conclusiones y recomendaciones. Luego de la respuesta de las autoridades, el informe se hará público.

Criminalización de protestas sociales

"Nuestra competencia también tiene que ver con personas que pueden haber sido detenidas en poblaciones particularmente vulnerables, a veces poblaciones indígenas, movimientos sociales o LGTBI, tuvimos reuniones con distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, de víctimas, también con organizaciones de la Comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya que había denunciado que los habían criminalizado o maltratado durante una situación de protesta", explicó Palmieri

Una parte de la comitiva fue al territorio comunitario de la Comunidad Indígena Tilquiza, del Pueblo Ocloya, para conversar con el cacique Néstor Jerez y miembros de esa comunidad acerca del procedimiento de desalojo realizado el pasado 14 de septiembre, y entrevistarse con las personas que habían sido detenidas.

"Los que nos preocupaba de estos casos era analizar las situaciones, si se justificaban o no esas detenciones. Hay regulaciones internacionales sobre temas de protestas que las permiten y dentro de las acciones incluídas en las protestas obviamente están aquellas que pueden llegar a generar disturbios, o molestias en los demás. No es que las protestas solo se permiten en la medida que no molesten a otras personas", señaló Palmieri.

Mencionó, por ejemplo, que los estándares internacionales muchas veces permiten en las protestas, esas "molestias" que pueden relacionarse con el uso de los espacios públicos y de vías de comunicación que se permiten en la medida que la afectación no sea grave y esté compensada por la manifestación que se realiza.

"El trato particular que tienen que tener esas comunidades así como otras manifestaciones, para nosotros es importante. Por eso recibimos estas alegaciones, como de los movimientos sociales en San Pedro y vamos a dar seguimiento a los casos", mencionó.

En San Pedro el organismo se reunió con referentes de movimientos sociales que denunciaron prácticas vejatorias durante su detención en el contexto de protestas.

El CNPT también visitó a Milagro Sala en su detención domiciliaria, en el marco de un seguimiento por una intervención previa del organismo. "Intervinimos en las condiciones en que estaba en domiciliaria en 2018, no eran las que estaban permitidas legalmente cuando estaba en su casa de La Ciénaga". Palmieri dijo que si bien aquella situación fue superada, hubo algunas cuestiones puntuales que deben "verificar" y serían parte de la confidencialidad hasta que den a conocer el informe final.

En la sede de la CTA de la provincia,  hubo una reunión con representantes de la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Jujuy, con organizaciones no gubernamentales y organismos de derechos humanos. Se abordó la importancia de la acción desarrollada por los actores sociales en la prevención de la tortura y la necesidad de articulación con las instituciones de los tres poderes para fortalecer el sistema provincial de prevención de la tortura.

Participaron integrantes de HIJOS Jujuy, Andhes, APDH, la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional e integrantes del equipo técnico de la agrupación Tupac Amaru.

El CNPT subrayó la existencia del Protocolo de Abordajes de Conflictividades de Tierras y Comunidades Aborígenes dictado por el Ministerio Público Fiscal.

Muertes en custodia

A ese encuentro del CNPT con las organizaciones también asistieron familiares de personas privadas de la libertad, entre ellos, los de Gustavo Garay, un joven de 27 años fallecido el pasado 17 de junio cuando se encontraba en custodia del Servicio Penitenciario Provincial en el penal de Gorriti. 

Garay esperaba fecha de juicio alojado en el penal. Por su fallecimiento hay cinco guardiacárceles detenidos e imputados por homicidio calificado y tortura seguida de muerte.

Palmieri dijo que se reunieron con el fiscal general Sergio Lello Sánchez para hablar sobre los distintos casos que les fueron planteados por movimientos sociales y familiares. 

"También nos importó que la fiscalía general estuviera elevando a juicio a las personas (funcionarios penitenciarios) que están imputadas por el asesinato de dos personas en la Unidad de Gorriti cuando fueron las protestas durante la pandemia. Fueron cerca de diez personas privadas de la libertad, o más, lesionadas y dos de ellas fallecieron por disparos de balas de fuego que está prohibido utilizar en el penal", señaló.

"Nos parece importante que en todos los casos los funcionarios responsables sean sancionados y al mismo tiempo se dicten y se reformen los protocolos que no establecieron claramente, o si no tenían establecido, que estos elementos no pueden tenerse adentro, no es que no pueden utilizarse, no pueden portarse en principio armas de fuego por parte de funcionarios penitenciarios dentro de la unidad", sostuvo Palmieri. Las armas solo se admiten para la "seguridad perimetral por si llegaran a atacar la unidad". 

También señaló que hablaron con Lello Sánchez sobre la necesidad "del diseño de estadísticas y de información sobre los casos de torturas que permitan fijar una política criminal sobre eso". "Hubo distintos acuerdos sobre ello y la posibilidad de ir avanzando con esos datos", sostuvo.

Por otro lado, el CNPT monitoreó a usuarios del Hospital Dr.  Néstor Sequeiros y del Instituto de Psicopatología SRL. En el sistema público encontraron que había 28 usuarixs de salud mental. Mientras que en el privado, 90.

El 3 de noviembre el CNPT participará del primer encuentro de Mecanismos de Prevención de la Tortura del Norte Grande, que se hará en el Chaco y del que participarán los Comités de esa provincia, Jujuy, Salta y Misiones.